Nayib Bukele, presidente del país, decidió hacer un all-in a esta criptomoneda desarrollando su propia billetera electrónica, Chivo Wallet, y haciendo acopio de bitcoins para dar bonos a la ciudadanía, el equivalente a 30 dólares por persona en el momento de su entrega. La idea tras este movimiento, según el gobierno salvadoreño, era abrir oportunidades de negocio reduciendo costes y atrayendo turistas. Sin embargo, la apuesta no está saliendo bien en este primer año. Y las cosas podrían ponerse peores en 2023.
Bonos hundiéndose
Según un estudio realizado por el National Bureau of Economic Research, solo una quinta parte de los salvadoreños que descargaron la aplicación Chivo Wallet la siguieron usando una vez gastado el bono de 30 dólares entregado por el gobierno.
Sin embargo, el gobierno continuó anunciando planes en esta línea, como los «bonos volcán» basados en blockchain con los que financiarse para comprar más criptomonedas —paralizados por el poco interés mostrado en ellos— o la ‘Bitcoin City’, una ciudad costera sin impuestos a la renta ni a las contrataciones con su propia central geotérmica para minar bitcoins sin apenas coste energético. El minado utilizando energía volcánica ya fue puesto en marcha aprovechando las instalaciones existentes, aunque no fue demasiado rentable.
Estos tropiezos iniciales unidos a la caída de valor de la criptomoneda (un 40% desde que se puso en marcha como moneda de curso legal, que también ha servido para que el gobierno compre 500 más) han derivado en otra caída, la de los precios de su deuda soberana.
El hundimiento de sus bonos se acerca al 30%, un 40% en el caso de los que vencen en 2032, una señal de que los mercados perciben esta deuda como de alto riesgo y con un posible escenario de impago. Solo Ucrania, país en guerra por la invasión rusa, ha sufrido una caída mayor en sus bonos de deuda.
Espalda institucional y crediticia
Fitch Ratings ya redujo drásticamente la calificación de la deuda de El Salvador pasándola del nivel B- a CCC, el más bajo previo al de la calificación de pura especulación.
Un escenario de impago de sus deudas, conocido como «entrar en default», implicaría perder el acceso a la financiación en los mercados, como ocurrió con Grecia en 2012 (138.000 millones de dólares) o Lehman Brothers en 2008 en el sector privado (600.000 millones de dólares que hicieron caer la economía mundial como si fuese la primera ficha de un dominó).
Moody’s le dio un mínimo margen de confianza para poder afrontar el pago de bonos de 2023, 800 millones de dólares dentro de siete meses, aunque manteniendo un nivel de riesgo elevado, ya que se mantiene a la espera de los detalles sobre la reforma del sistema de pensiones anunciada en los últimos meses, algo que podría oxigenar la economía como para hacer frente a las deudas a costa de la pérdida de poder adquisitivo de sus pensionistas.
Ya en las semanas previas a la entrada en vigor de la criptomoneda como moneda nacional acompañando al dólar estadounidense hubo protestas en las calles, tanto por la volatilidad inherente a Bitcoin desde su nacimiento como por el posible blanqueo de capitales que temían que pudiese generar. Ninguna de las dos monedas nacionales son emitidas por el propio país.
El primer factor, que dispara la incertidumbre sobre el valor real de los ahorros de los salvadoreños, se ha hecho notar desde entonces, aunque podría revertir su situación en el caso de una hipotética subida de su valor que multiplique su cotización en dólares, como ocurrió a finales de 2017 o de 2020.
El FMI no tardó en recomendar revertir la decisión de nacionalizar el bitcoin, algo que además encaja en sus intereses como organismo central estabilizador de las divisas, y advirtió de que podría incurrir en un incumplimiento de las condiciones que fija a los países que piden préstamos, que incluyen superar los problemas que le llevaron a esa situación y que sirvan para garantizar la devolución de lo prestado. Algo que el FMI entiende que no sucede con una economía basada en una criptomoneda, y que por tanto puede derivar en la imposibilidad de acceder a más financiación, incluso si no se entrase en default.
El Banco Mundial, por su parte, también rechazó asistir al país en el despliegue de Bitcoin. Un veto institucional que no ayuda a su futuro, y menos con los bonos Bitcoin que no han atraído a un solo inversor. La inestabilidad financiera de la que advertían esas instituciones globales tenía riesgos que se están recrudeciendo.
